Estimad@s Alumn@s
Teniendo como base el texto presentado a continuación (y que se les entregó en clases), construya una reflexión, realizando al menos 4 citas del mismo, en torno a la siguiente pregunta:
¿Cuál es la responsabilidad del Estado y la Sociedad Chilena en torno al origen y desarrollo del llamado Conflicto Mapuche?. Su reflexión debe contener como mínimo 700 palabras y un máximo de 1000 y puede ser realizada hasta por 2 alumnos. Cada posteo debe tener un titulo, el cuerpo de la reflexión, y los nombres de los autores, así como la bibliografía utilizada. Utilize el manual de citas APA para estructurar sus citas (Para una guía de la clase del martes 12 de abril, bajar la presentación utilizada:
http://files.zyncro.com/AL5n60t)
Se considerara en la evaluación de su posteo los siguientes aspectos:
- Ortografía y Redacción: 10 ptos
- Respuesta ajustada a lo preguntado: 20 ptos
- Ajuste al formato solicitado (incluyendo las citas): 50 ptos.
- Originalidad del aporte (que no se parezca en un 70% al de otros): 20 ptos.
Total: 100 ptos.
Esta reflexión debe ser posteada hasta las 23:59 horas del Domingo 17 de Abril de 2011.
Mucha Suerte
Texto:
ELEMENTOS PARA UN ANALISIS DEL PROBLEMA MAPUCHE EN LA ACTUALIDAD
Yuri Jeria Muñoz
Antropólogo
La política del Estado de Chile y el caso Mapuche
Con el inicio de la República, el gobierno de Chile establece algunos criterios sobre los pueblos indígenas que siguen vigentes hasta hoy. El bando del 4 de marzo de 1819 establece que los indígenas de Chile son ciudadanos chilenos, lo que estableció la igualdad civil de derechos para estos pueblos. Con esto los indígenas de Chile tienen los mismos derechos y pueden realizar todo tipo de transacciones, la única limitación que podrán posteriormente las leyes es en lo que se refiere a las tierras indígenas, dada la fuerte presión que ejercen sobre ellas los particulares.
En el caso particular del pueblo mapuche, la etnia más numerosa y extendida en Chile, vemos que el territorio que ocupaba es comprendido ya en 1826, en la división administrativa de la nación, estando incorporada a la provincia de Concepción. A pesar de esto, el estado y sus instituciones no tenían presencia en la zona, teniendo las leyes chilenas una presencia solo nominal, rigiendo el admapu (ley de la tierra).
Es solo en 1866 que, después de muchas discusiones, se dicta un conjunto de leyes destinadas a la ocupación de los terrenos mapuches por parte del estado chileno. En el gobierno se tenía la visión de que la “colonización” del sur estaba siendo llevada a cabo por aventureros y especuladores, y no por gente de trabajo. A esto sumamos la visión negativa que tienen las autoridades, y la elite chilena del pueblo mapuche, y que se traduciría en la política de entregar las tierras mapuches para la colonización. Esto se grafica en las palabras que Hermógenes Perez de Arce, gobernador de Lebu, vierte en 1874 en un informe al Ministro de Colonización: “Los indios han de llegar precisamente a quedar sin propiedad, es decir, bajo la superioridad de la raza europea, ésta es una condición total de la inferioridad de su raza; i esto a de cumplirse por más leyes benéficas que se dicten para favorecerlos” (Molina, 1993: 57).
Efectos de la aplicación de la política de tierras en la Araucanía
Con las leyes de 1866, el gobierno de Chile declara todas las tierras al sur del río Malleco como fiscales. Con esto se expropia a los mapuches de sus tierras. Además se establece que las tierras se dividirán en dos partes; una en donde se reducirá o radicará a las familias indígenas, y la otra que será rematada para favorecer la inmigración y la colonización. Esto establece el criterio de que es el estado quién se hará cargo de organizar la propiedad. Las leyes de 1866 solo pudieron ser aplicadas luego de la insurrección armada ocurrida por el proceso de ocupación militar conocido como Pacificación de la Araucanía, producida en 1882. Estas leyes establecían que en cada sector pasara una comisión radicadora que señalaba los puntos de asentamiento indígena. En algunos casos, se deja al lov (familia extensa) en el mismo lugar en que habitaban, reduciendo considerablemente los terrenos, los cuales estaban fundamentalmente dedicados a la crianza y mantención del ganado, base fundamental de la economía y riqueza de este pueblo. En otros casos, se junta a familias emparentadas, se les traslada, se les cambia de nombre, reduciendo sus tierras. Esta comisión radicadora funcionó desde la década de 1880 hasta 1926.
De lo anterior se concluye que el sistema de radicación desconoció absolutamente el derecho ancestral del pueblo mapuche por sus tierras. Con esto el estado chileno institucionalizó la práctica de las usurpaciones de tierras, desconociendo el territorio que este pueblo ocupaba, y lo que es más grave, quitándole la base con que se estructuraba su estilo de vida tradicional, obligándolo a adaptarse a una nueva forma de relación económica, política, cultural y social con el chileno y su gobierno. Esto transformó a los mapuches en un pueblo atomizado, practicando la agricultura intensiva en terrenos no aptos para este tipo de cultivos. Paulatinamente fueron desectructurando su sistema político e ideológico, perdiendo el sentido de las jefaturas tradicionales, así como parte de sus crencias y costumbres religiosas. La familia extensa, en muchos casos poligámica, se reduce a una familia de carácter nuclear. La calidad de vida se va perdiendo y los mapuches se van empobreciendo.
El proceso de división de los Títulos de Merced
Cuando termina el proceso de radicación con la entrega del último título de merced, ocurrido en 1926, se dispone inmediatamente la disolución de la comisión radicadora y en 1927, se dicta la primera de las leyes de división de las comunidades, la que fue seguida de las de 1931, que la complementó. Estas leyes tuvieron una vigencia práctica de 40 años (10 años de vigencia plena), y protegieron las tierras mapuches, no permitiendo su venta, ni gravándolas con impuestos, siendo su objetivo “modernizar” el campo mapuche y dar paso al esfuerzo individual, aunque en la práctica significó la realización de un sinúmero de ventas fraudulentas en los lugares en que se aplicaron. En 1961 se dicta la ley nº14.511, la que mantiene la idea central de la división de las comunidades, que al igual que la de 1931, tenía que ser solicitada por los comuneros. Esta ley, así como la anterior, da cuenta de la intolerancia sobre otras culturas distintas a la oficial sostenida por el estado chileno, y la voluntad de incorporar las tierras mapuches al mercado, lo que significaría la modernización de la propiedad indígena, o sea su desaparición, y por lo tanto el fin de la base de la cultura mapuche actual. El objetivo del conjunto de leyes dictados desde 1927 a 1961 es la división de las comunidades. Sin embargo las que lo hicieron fueron muy pocas.
La ley 17.729 de 1972 se ubica en el contexto de la Reforma Agraria de la época. Esta ley busca mecanismos para que este proceso en curso beneficiase también a los indígenas. También, por primera vez, se define a los pueblos originarios independiente de sus tierras. Otro punto importante es la creación del Instituto de Desarrollo Indígena (IDI). Esta ley mantiene el espíritu integracionista de las anteriores, pero con otros matices. Cabe señalar que esta ley, producto de la contingencia de la época tuvo solo un año de aplicación, por lo que no se acogieron a ellas muchas comunidades. En 1978 se dicta el decreto ley 2.568 sobre división de las comunidades. El único objetivo de este decreto ley es la división de las tierras indígenas. En su primer párrafo establecía que “dejarán de llamarse tierras indígenas, e indígenas sus habitantes” (citado en: Bengoa, 1990: 42), implicando la supresión de la diversidad por decreto. La finalidad es incorporar estas tierras al mercado, posibilitando que los mapuches vendan sus tierras y pierdan su ligazón con la mapu. Este decreto ley obligó la división de los títulos de merced comunitarios, y la asignación de hijuelas de propiedad individual, dando origen a la situación de la propiedad mapuche actual.
Las antiguas/nuevas demandas
Si bien la ley de Pueblos Indígenas, de 1993, busca nuevamente la protección de la propiedad indígena en Chile, dándole un estatus nuevo a estos pueblos y sus componentes, no ha sido la solución al problema de fondo que se esperaba en esa época. A partir de la década de 1920 se comenzarán a levantar diversos movimientos mapuches al alero de diversos credos e ideologías, las que, con matices, buscaran no solo reinvindicar los derechos a las tierras consideradas como usurpadas, sino que también sacar del atraso y la pobreza en que viven la mayoría de los indígenas. Acalladas por la represión del gobierno militar, estas demandas resurgieron con fuerza luego del retorno a la democracia. Centradas en la búsqueda de terminar con la pobreza y la recuperación de tierras usurpadas por el estado y particulares, estas demandas trataron de ser satisfecha con los instrumentos que le dio la nueva ley a la Conadi, los que sin embargo han demostrado ser ineficientes, con un carácter marcadamente asistencialista, no haciéndose cargo de la base milenarista y simbólica que contienen estas demandas: la idea que la prosperidad mapuche pasó y pasará por el control social y legal del territorio y la tenencia de una fuente independiente de recursos como antaño lo fue el ganado (cuyin). Esto ha implicado el surgimiento de una serie de movimientos de marcada tendencia nacionalista, algunos más radicales que otros, como el Consejo de Todas las Tierras y la Coordinadora Arauco-Malleco, los cuales comenzaron una serie de acciones de reivindicación y toma de terrenos que iniciaron una escalada de hechos, algunas de carácter violento y otros con connotaciones más bien políticas.
La situación actual
Hoy en día nos encontramos con una situación muy diferentes y más compleja que a fines de los 90. Calificados como terroristas, muchas comunidades y sus habitantes han debido sufrir el estigma y las consecuencias de la aplicación que hace la autoridad de la llamada ley antiterrorista, lo que ha significado en la práctica, de acuerdo al último informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la violación de acuerdos internacionales sobre la materia, bajo la aplicación arbitraria de una ley a un grupo de chilenos. Nos encontramos hoy con la imputación de delitos terroristas a menores de edad, así como la comisión de muchos abusos (como lo es el allanamiento de una escuela por el Gope en plena jornada de clases). Las 4 muertes que se han producido en los últimos 10 años corresponden a mapuches muertos en dudosas circunstancias por efectivos policiales. Consecuencia de esto es la larga huelga de hambre de varios imputados mapuches por delitos terroristas durante el año 2010.
Bibliografía
Bengoa, J. (1990). Breve Historia de la Legislación Indígena en Chile. Publicación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI). Santiago de Chile. 59 págs.
Molina, R. (1993). Las Tierras Mapuches de Arauco. Santiago de Chile. (ms) 130 págs.
Marzo de 2011
